Chihuahua, a 23 de mayo.— Luego de que integrantes del movimiento “Salvemos los Cerros” acusaran a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de haber ordenado la detención de su dirigente, Luis Rivera, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, desestimó por completo dichas declaraciones, calificándolas como una “vacilada”.
“Es una vacilada eso, la gobernadora no se ocupa de este tipo de temas”, respondió tajantemente el funcionario estatal al ser cuestionado por los señalamientos del colectivo ambientalista, que ha encabezado diversas manifestaciones en defensa de los cerros de la capital del estado.
De la Peña consideró que las declaraciones del movimiento tienen una evidente carga política. “Tengo la impresión personal de que algunos de los miembros de esta organización tienen ligas claras con intereses políticos. Que ellos vengan ahora a decir que hay un trasfondo político en la actuación del gobierno, me parece un absurdo”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el derecho a manifestarse está garantizado por la Constitución y que nadie puede ser reprimido por ejercerlo. “Ellos tienen un derecho constitucional de manifestarse, eso no se le puede negar a nadie en este país, aunque haya algunas corrientes políticas que pretendan reglamentar la libre expresión”, subrayó.
Sin embargo, advirtió que dicho derecho no incluye la destrucción del patrimonio público. “Lo que no se vale es levantar una bandera de protección al medio ambiente, a la fauna o la flora, y al mismo tiempo destruir otro patrimonio que también es de todos”, dijo en referencia a los daños que, según el gobierno, se han causado en el Palacio de Gobierno durante algunas protestas.
“El patrimonio del Palacio de Gobierno es también un bien común, y es un contrasentido que se diga que se está protegiendo algo y, en aras de esa protección, se destruya algo más”, concluyó De la Peña.
La polémica surge en medio de crecientes tensiones entre autoridades y colectivos que han denunciado presuntas afectaciones a áreas naturales en la zona serrana de la ciudad. Mientras tanto, el gobierno estatal insiste en que su postura no responde a motivaciones políticas, realizaron actos vandálicos y por ello se les detuvo y afirma que está comprometido con el respeto al derecho a la libre expresión, siempre que este no implique actos vandálicos o ilegales.